El patrimonio cultural suele ser noticia cuando se caen las molduras y los cielos rasos, cuando la humedad se come entero un pueblo (como la Villa de Medinas) o cuando alguien se roba una pieza de museo. También, cuando se producen sucesos rayanos en el absurdo, como pasó en 2005, cuando se decidió guardar la muestra de Goya en un galpón de la vieja Jefatura de Policía porque se esperaba que se repararan los cielos rasos del museo Timoteo Navarro. O porque alguien decide tirar abajo algo y es descubierto a tiempo -como sucedió en 2007 con el ex Mercado de Abasto, cuando la empresa que va a hacer el shopping allí lo estaba volteando íntegro- mientras las autoridades miran indiferentes o aplauden la decisión de arrasar con todo en aras de la modernidad.

Nadie habla del patrimonio y de su utilidad cuando no hay emergencias. Porque nadie -ni los mismos funcionarios- parecen tener claro qué quieren decir cuando tratan el tema. ¿Es patrimonio -o lo será- el conjunto kitsch de réplicas del Cabildo y la Casa Histórica que se hizo en Famaillá, junto con una estatua tan desproporcionada que serviría de gran contraste con el Doríforo que se exhibe por estos días en el Museo Nacional de Bellas Artes?

Autocastigo imposible

Pero aunque no hablen, suceden cosas. Sólo que se ven cuando se caen las molduras y los cielos rasos. Algo que ha ocurrido en estos últimos tiempos es el largo trabajo de la reglamentación de la Ley 7.535, que establece cómo y qué hacer con el Patrimonio. Esta ley de 2005 -que aún espera que Alperovich la reglamente- dice que debería haber fondos para mantener y reparar las obras y los edificios, y también que debería haber sanciones para quienes no cumplen; pero nadie puede explicar cómo se hará para conseguir esos fondos y establecer esas sanciones. Por ejemplo: cuando se voltearon paredes de más en el ex Mercado de Abasto, la Comisión de Patrimonio obligó a la empresa a dar marcha atrás (reconstruir el frontispicio demolido) y dictaminó que se multe a la Municipalidad por no haber cumplido con su deber de evitar los excesos de la empresa privada. Pero ahí chocaron: el presidente de la Comisión de Patrimonio, Mauricio Guzman (o su delegada, Mercedes Aguirre) nunca multó al intendente Domingo Amaya por haber dejado que la empresa demoliera a su gusto. Claro, en ese momento el gobernador había dicho que estaba bien la demolición porque el Abasto "era un nido de ratas". ¿A quién iba a multar Guzman?

Ese bache de la ley de Patrimonio sigue vigente, porque el artículo 17 dice que la plata para reparaciones y mantenimiento saldrá -entre otras cosas- de multas, aunque los funcionarios no saben si quieren castigar a los empresarios que invierten, y tampoco quieren multarse a sí mismos o sancionar a sus jefes.

¿Entonces, los fondos vendrán de fundaciones? ¿De donaciones? Pragmáticos, los funcionarios dicen que las reparaciones se logran responsabilizando a las entidades a cargo de los locales patrimoniales (hay 156 en la provincia). Pero esas entidades dan prioridades a sus urgencias: ¿quién va a reparar el destruido local de la comisaría y juzgado de paz de Yerba Buena? El comisario José Lezama dice que "cree" que eso depende de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cuyo titular, Miguel Brito, prioriza obras que se ven. Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio, dice que "los trabajos son lentos porque se van haciendo en la medida en que se dispone de material originario"; pero mientras tanto el juzgado se cae y en la comisaría los policías agrandan los calabozos y las dependencias a las apuradas, con cualquier material, sin preguntarles a Aguirre o a Brito. Al estilo Famaillá.

La directora de Patrimoniom por otra parte, afirma que "hay mantenimiento permanente en todos los museos de la capital", mientras el Folklórico (que data del siglo XVIII) tuvo que ser cerrado por riesgos de caída de una pared; y al mismo tiempo que la autora de la ley de Patrimonio, Olijela Rivas, dice que "hay museos que están en muy mal estado". O sea: cada uno habla pero no enfoca que la ley se anula si no hay dinero para mantenimiento y funcionarios que se vean obligados a asumir responsabilidades.

El problema en el fondo es inalterable: reacción espasmódica de los funcionarios y búsqueda desesperada de partidas cuando hay derrumbes, como si fuesen bomberos atascados en el tráfico a contramano; y silencio cuando no hay emergencias, hasta el próximo escándalo.